La “Encuesta 2013-2014 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España”, realizada por el Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, muestra datos preocupantes sobre el alto índice de repercusión del alcohol, las drogas y otras sustancias entre los trabajadores. Asunto, sin duda, de una realidad social cuya traslación al ámbito de la empresa fundamentalmente en ciertos ámbitos como la hostelería, la construcción, el transporte o el sector primario, dista de ser una casualidad.
Medie o no obligación legal para intervenir (aspecto objeto de viva polémica en los Tribunales), varios factores abogan para aconsejar la introducción de las adicciones como un aspecto más en los planes de prevención de la empresa.
1. En primer lugar, la importancia que los propios trabajadores otorgan al tema y el actual déficit en su cobertura, según muestra, de manera ilustrativa, la siguiente Tabla.
2. En segundo término, su especial consideración en las políticas europeas, en la Estrategia Nacional 2009- 2016 y el Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016 y en los Planes autonómicos.
Todos ellos han señalado la empresa como un espacio privilegiado para actuar, mostrando el compromiso del empleado con un objetivo trascendente para la sociedad, pues para una gran parte de la población el trabajo es un importante elemento de estructuración social, espacial y temporal (como el hogar o los centros educativos), pudiendo conformarse recursos preventivos específicos, y planes concretos de adicciones, al calor de los requisitos demandados para la prevención de riesgos laborales1.
3. Como aspecto final y más importante, procederá tomar en consideración los efectos que estos hábitos pueden tener sobre la relación laboral, respecto de los cuales existe una literatura copiosa de la cual cabe extraer los tres siguientes como más significativos:
3.A. El más replicado y documentado es, sin duda, el absentismo laboral2, destacando las estadísticas que, cuanto menos, doblan o triplican el balance ofrecido por quienes no tienen ese problema. Los afectados faltan de forma injustificada al trabajo (o acuden con un “presentismo” poco productivo3), muestran tendencia a llegar tarde, presentan bajas por enfermedad de mayor duración y más frecuentes (en especial los días posteriores a los festivos) y generan más gastos médicos.
3.B. Son muy numerosos, también, los estudios destinados a mostrar empíricamente el estrecho vínculo entre adicciones y mayor siniestralidad o accidentalidad. No se trata, por tanto, de la creencia –asentada en la experiencia— de quienes lo viven en primera persona, sino de la verificación científica sobre trabajadores que han causado accidentes laborales y han dado positivo en controles4, llegando a imputársele entre el 20 y el 25% de los siniestros y a colegir que cuantos presentan estas dependencias sufren tres veces más de percances de diversa índole en el lugar y tiempo de trabajo.
Esto se traduce en importantes gravámenes para la empresa bajo la forma de bajas médicas (con la necesidad no solo de sustituir al accidentado, sino de mantener la cotización y, con gran frecuencia, hacer frente a las mejoras voluntarias prevista en convenio), gastos de atención sanitaria y costes ajenos a la responsabilidad de los empleados, destacando el recargo de prestaciones de la Seguridad Social, la eventual responsabilidad administrativa por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos y, cada vez más importante por la entidad de las condenas, la responsabilidad civil derivada de los daños sufridos por el trabajador o causados a compañeros y terceros.
3.C. Por último, el deterioro psicofísico del trabajador, que además de su degradación laboral (cuando no median despidos o sanciones, la adicción suele llevar al estancamiento en la progresión laboral, pérdida de categoría, ineptitud sobrevenida, incapacidad, etc.; factores que contribuyen a agravar su situación personal, familiar y social), también ha de ser valorado como causa de conductas improductivas y antisociales: disminución del rendimiento, problemas de relación y conflictos interpersonales, trabajos deficientes, robos, agresiones y peleas, distracciones, deterioro de materiales o de mercancías, transmisión de una mala imagen de la empresa.
Un enfoque racional de la cuestión hace dudar de que la sanción o el despido pueda ser considerada como la solución más eficiente al problema desde un punto de vista económico; menos aún la táctica del avestruz de tratar de ignorarlo negando su presencia.
Esto tanto para el sistema productivo en general, como para la empresa en particular. Según se ha demostrado en reiteradas ocasiones, tanto los costes tangibles (directos o indirectos) como los intangibles descienden de manera significativa cuando se abandona el enfoque punitivo o pasivo, en tanto ya se han interiorizado la mayor parte de ellos sin ningún provecho, y se pasa a otro preventivo5. Este enfoque invita a contar con el apoyo de la Administración para abordar un asunto que no es solo personal, familiar o de empresa, sino una problemática de todos.
Expuestas las razones, sirva un consejo final: si todas las intervenciones en materia preventiva deben ordenarse a la consecución de un resultado, la eficacia en esta ocasión demanda alejarse de un cumplimiento meramente formal o nominal. Al igual que nadie duda en confiar otras cuestiones técnicas a quienes más saben de ellas, también la planificación, información, formación y vigilancia de la salud (incluidos, en su caso, los tests de consumo) en materia de alcohol, drogas y otras sustancias deben ser puestas en manos de cuantos acrediten los conocimientos y experiencia suficiente para acometer un plan integral para su abordaje en el ámbito laboral.
FUENTE: REVISTA PROYECTO Nº91
http://proyectohombre.es/wp-content/uploads/2017/02/Revista-PH_91_WEB.pdf